Sin perjuicio de los principios relativos al ámbito de competencia de los órganos judiciales militares, ningún tribunal militar debería excluir del proceso judicial, incluidas las diligencias de investigación, a las víctimas de delitos ni a sus causahabientes.

De conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se establecerán "principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de atorgarse a las víctimas o a sus causahabientes" (art. 75).

Debería ser obligatorio que la víctima, o sus causahabientes, estuviera presente o se hiciera representar desde el momento que lo solicita en todas las fases de la instrucción y en las vistas para sentencia, y que pudiera acceder previamente a la totalidad de los documentos de la causa.

En un estado de derecho la autoridad competente para decidir es, por lo general, el poder judicial, que tiene por misión respetar el derecho a un proceso imparcial de toda persona que ejerce un recurso judicial, aplicar la ley sobre los actos de los acusados y fijar reparaciones justas en favor de las víctimas o de sus causahabientes.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por su parte, dispuso que se establecerían principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que habría de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes (art. 75).