Ello explica la preocupación que suscita la liberalización y la desregulación de este sector en las partes interesadas y en los responsables de las políticas, atendible por sus posibles consecuencias económicas y sociales.

Mientras que el primer punto puede ser objeto de debate, el segundo es poco atendible si se tiene en cuenta que procede de quienes habrían tenido que denunciar, en su momento, la pasividad de dicho Tribunal, cuyos miembros son inamovibles (artículo 201 de la Constitución) y que no dio muestras en el Gobierno anterior de ningún espíritu de iniciativa para luchar contra esa forma de impunidad.