El artículo 27 3) de la Ley establece, sin embargo, que esa facultad sólo puede ejercerse en la medida en que sea necesaria para alcanzar determinados objetivos enumerados específicamente: la prestación de asistencia y protección a la población, la prestación de socorro, la protección de bienes, la prevención o subsanación de perturbaciones o la subsanación de los efectos destructivos o de otra índole del desastre.